El nutrido debate sobre alimentación antes de llegar a la disputa comercial

Dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los Estados miembros pueden comentar las medidas notificadas por otros, resolver las dudas bilateralmente, expresar preocupaciones concretas o usar el mecanismo de resolución de controversias. Coincidiendo con el auge del comercio mundial de productos agrícolas, valorado en 1,7 billones de dólares,en los últimos años han aumentado las notificaciones relacionadas con la inocuidad alimentaria, según un reciente informe.

Las cifras

En el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la OMC, su porcentaje pasó del 44 % en 2007 al 74 % en 2016, cuando hubo 937 avisos. En otro comité de esa organización, el de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), enfocado a todo tipo de bienes, las notificaciones sobre medidas alimentarias ascendieron al 28 % de las más de 1.600 registradas el año pasado. La consejera de la OMC Christiane Wolff explica a Efe que esas comunicaciones permiten a los países informarse de las regulaciones que otros están tramitando y hacer comentarios sobre cómo les pueden afectar. “Son como el punto de partida para un diálogo entre los socios comerciales”, lo cual también sirve para “evitar muchas disputas y abordar los problemas antes de que sea demasiado tarde”, subraya.

Cuando los países quieren meter más presión por cierta medida que les pueda dificultar el acceso al mercado, pueden plantear las denominadas “preocupaciones comerciales específicas” para solucionar eventuales discrepancias sin tener que recurrir a largos procesos de resolución de controversias (que acumulan unos 520 casos en la OMC desde 1995). En 2016, las preocupaciones ligadas a la inocuidad de los alimentos concentraron el 43 % de las 36 abordadas en el Comité MSF, mientras que fueron el 29 % de las 80 del comité de barreras al comercio, porcentajes mayores que otros años aunque los números van fluctuando.

En ese segundo comité, está creciendo la preocupación por el etiquetado de alimentos para promover dietas sanas y nutritivas (hasta un tercio de los nuevos casos presentados desde 2012). También suscita inquietud la regulación de bebidas alcohólicas. Así lo expresaron en 2016, por ejemplo, países como Argentina ante las nuevas reglas que preparaba la Unión Europea para la denominación de origen y el etiquetado del vino. El experto de la OMC Devin McDaniels precisa que solo una mínima parte de las medidas notificadas acaban siendo discutidas en ese comité. Muchas de las diferencias radican en los distintos enfoques que los países emplean para regular aspectos con los que mejorar la salud de sus ciudadanos, según McDaniels.

A vueltas con el etiquetado en alimentación

Así, las normas para etiquetar alimentos procesados y empaquetados en Ecuador han sido motivo de preocupación para Chile, Colombia y Perú, entre otros, al tiempo que la ley peruana a favor de una alimentación infantil sana ha sido replicada por algunos como Argentina, Brasil y México. Para cumplir con los requisitos para la exportación y superar restricciones innecesarias, los países cada vez recurren más en las discusiones a los estándares del Codex Alimentarius, un órgano gestionado por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Sus normas alimentarias internacionales armonizadas buscan proteger la salud y promover prácticas leales en el comercio de alimentos.»

Fuentes de la Secretaría del Codex apuntan que, a veces, la ausencia de estándares como la falta de límites máximos de residuos para pesticidas puede generar problemas en los campos de la salud y la sanidad de plantas y animales, generando fricciones entre países que autorizan o rechazan determinados niveles. “El Codex está trabajando para acelerar el proceso, pero se necesita una ciencia rigurosa en la que basar los estándares y eso puede tomar tiempo”, agregan.

Más sujetas a las interpretaciones están las normas generales que se refieren al etiquetado sobre el contenido nutricional y la calidad de los productos, aunque en todas ellas prima el principio de evitar el engaño a los consumidores.