La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió este miércoles una recomendación a México para que restrinja la comercialización y el uso de plaguicidas de alta peligrosidad en los cultivos agrícolas.
La Comisión aludió a la falta de políticas públicas reguladoras por parte de autoridades gubernamentales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Permitir la venta de estas sustancias afecta de forma relevante a la biodiversidad, el medioambiente y a la salud humana, consideró el organismo.
Actualmente, de los 35 plaguicidas restringidos por el Convenio de Rotterdam, México prohibió la importación de 20 de ellos y permite el intercambio con sujeción a determinadas condiciones para 10. Respecto a las 5 restantes, no se ha pronunciado.
Sobre los 17 pesticidas incluidos en el Convenio de Estocolmo, el país solo ha acatado las condiciones del tratado para 8 de ellos.
«Con esas omisiones se violan los referidos derechos humanos, en agravio de la población en general, al incumplir en la aplicación de los tratados internacionales», expresó.
También expuso que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) dejó de realizar una investigación permanente de los riesgos y daños a la salud que origina la contaminación derivada de los plaguicidas.
Por su parte, la Semarnat no ha cumplido en lo relativo a la prevención de contaminación atmosférica, agua y suelos derivados del uso de estas sustancias.
La Sader y el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) incumplieron con la armonización de las disposiciones regulatorias y medidas fitosanitarias que restringen el uso de algunos compuestos químicos.
Por todo esto, la CNDH instó a la Cofepris a proponer al Ejecutivo incorporar medidas de carácter prohibitivo o restrictivo para la totalidad de las sustancias contenidas en los convenios de Rotterdam y Estocolmo.
Piden también a la Semarnat que elabore un diagnóstico del estado actual de la contaminación de suelos y agua superficial y subterránea por plaguicidas en zonas agrícolas.
En el caso de la Sader, se le exige realizar un estudio sobre los riesgos asociados al uso y manejo de plaguicidas y formular un Programa Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en Vegetales.
Al Senasica se propuso diseñar un procedimiento para determinar los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y publicar un manual en el que se establezca un procedimiento único para el monitoreo de la efectividad biológica de los plaguicidas.
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